En la contienda por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tres precandidatos se encuentran en la carrera.

Clara Brugada La candidata del partido oficialista Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque no fue la mejor posicionada en las encuestas internas del partido, fue elegida como abanderada siguiendo la regla de paridad de género establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Brugada, con una extensa carrera política en la Ciudad de México, ha sido alcaldesa de Iztapalapa, diputada federal y senadora. Para estas elecciones, Brugada cuenta con el respaldo de una coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Santiago Taboada El candidato de la alianza opositora compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A pesar de que su designación representa un cambio en el proceso interno previamente anunciado por la alianza, Taboada logró el consenso de las tres fuerzas políticas. Actualmente es el alcalde de Benito Juárez y ha sido diputado federal y local por el PAN.

Salomón Chertorivski El único candidato que se presenta sin el respaldo de una alianza o coalición. Chertorivski es el abanderado del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentándose como una opción independiente tanto a Morena como al PAN-PRI-PRD. Con una trayectoria en diversos cargos públicos, ha sido diputado federal y secretario de Salud federal durante la presidencia de Felipe Calderón. Además, fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El proceso electoral promete ser reñido, con tres candidatos con propuestas y perfiles políticos diversos, buscando el voto de los ciudadanos de la capital mexicana.

Hoy, 10 de abril, el Gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ha anunciado la revocación del decreto que establecía el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al territorio peruano.

La decisión inicial de Perú de requerir visas a los visitantes mexicanos, en un gesto de reciprocidad ante medidas similares de México, desencadenó reacciones adversas en su sector turismo. Ante las preocupaciones manifestadas sobre el potencial descenso en el número de turistas mexicanos, quienes juegan un papel crucial en el turismo y la economía local, el gobierno de Perú optó por revertir su política.

Este cambio de política se produce tras las recientes tensiones y críticas, especialmente desde sectores vinculados al turismo, evidenciando el impacto y la importancia del diálogo y la cooperación entre las naciones.

En un comunicado oficial, la gestión de Boluarte ha enfatizado que la revocación no solo pretende calmar las aprehensiones del sector turístico, sino que también refleja el compromiso con los ideales de la Alianza del Pacífico. Como integrante de este grupo económico y político, al lado de México, Colombia y Chile, Perú aboga por la libre circulación de personas y mercancías entre sus estados miembros, subrayando su dedicación a la integración regional y la cooperación mutua.

El Decreto Supremo aludido será publicado mañana.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el partido presentará una denuncia contra la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI, PRD, por presuntas violaciones a la ley en contratos públicos. Según Delgado, además de los cinco contratos obtenidos por las empresas de Gálvez con el Inai entre 2014 y 2019, existen otros tres con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre 2017 y 2018, en los que se habría violado la ley de adquisiciones.

Delgado detalló que en estos contratos, presuntamente se dio preferencia a empresas vinculadas a Gálvez, generando un conflicto de interés. Morena presentará la denuncia correspondiente en los próximos días a través de Víctor Hugo Romo, candidato a diputado por la Ciudad de México y uno de los voceros de Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, Delgado también solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue los contratos relacionados con la producción del primer debate presidencial, que representó un costo aproximado de 16 millones de pesos.